Jorge Morel: "La transición inconclusa de Alberto Adrianzén" comentario al libro de Alberto Adrianzén

Publicado en: Ideele Nº197
Obtenido en: http://www.revistaideele.com/node/661


Tras la aprobación de las reformas constitucionales que eliminaban las más polémicas herencias políticas del Gobierno Militar, Ricardo Lagos —entonces presidente de Chile— sentenciaba: “La transición ha concluido”. Significativo que haya sido el tercer presidente de la Concertación el que haya tenido el privilegio de asumir tal condición: hacía más de quince años que Augusto Pinochet había abandonado el poder.

Si hacemos el símil entre el pinochetismo “neoliberal” y el fujimorismo “neoliberal” (símil que tanto la izquierda como el fujimorismo —desde sus extremos— compartieron en su momento), uno podría preguntarse: ¿Qué fue de nuestra transición? ¿Quién podría —o pudo— hacer las veces de Lagos para el caso peruano y sentenciar que ella ha acabado?

Para dar una respuesta, se podrían plantear dos escenarios. Uno primero en el que el fujimorismo sea leído como una “dictablanda”, cuyos “costos hundidos” (sus reformas institucionales en materia económica, principalmente) fueron muy fáciles (y convenientes) de asumir por las “fuerzas democráticas” en el periodo 2000-2001. Asimismo, y al contrario del caso chileno, la ilegitimidad del fujimorismo a fines del 2000 no hacía necesaria una transición pactada ni por etapas: ese régimen era un cáncer por extirpar antes que uno con el cual, de mala gana, convivir.

Una segunda interpretación diría que el fujimorismo implantó un sistema económico excluyente, una forma vertical de relacionamiento de la política con la sociedad y una cultura política del “ningunismo” basada en la “irrepresentabilidad” de las demandas sociales —como sugestivamente señala Adrianzén—, que previsiblemente estarían en la base de la conflictividad social que veríamos en los próximos años. La transición debió abordar la reforma de estos legados potencialmente peligrosos.

Partiendo de uno de estos dos supuestos, las respuestas son bastante diferentes. Para los primeros, Paniagua completó la transición al depurar al Estado peruano de los rezagos del autoritarismo fujimorista. Para esta primera posición, había que zanjar con lo más vergonzoso del fujimorismo sin necesariamente menospreciar sus avances en otras materias. Con todo, que haya sido Fujimori quien nos llevó “al buen camino” no dice nada de este último. Esta es la posición en la que ha convergido la mayor parte del espectro político peruano.

Por el contrario, para la segunda posición, el fujimorismo —como la famosa teoría penal del “fruto del árbol envenenado”— solo podía engendrar cosas tan perversas como él mismo, por lo que sus “avances” en materia económica y de seguridad debieran pasar por un fuerte escrutinio de sostenibilidad y gobernabilidad. Ésta es la posición que hace ecos desde la izquierda y sectores del Partido Nacionalista.

Sobre estas premisas se ha construido el debate que ha rodeado la presentación del libro de Adrianzén La transición inconclusa. Curiosamente, el libro dedica apenas sus últimos capítulos a hablar sobre la transición y sus retos: Adrianzén hace un estudio del fujimorismo, sus antecedentes, su dinámica y sus legados. Sobre este análisis central poco se ha debatido hasta ahora. En buena medida esto se explica porque el estudio del fujimorismo puede llevarnos a cierta “arqueología política”: efectivamente, los retos del primer fujimorismo (combate al terrorismo y a la situación económica decadente) han sido largamente superados; asimismo, “el gran salto económico” del Perú nos remite a fines del Gobierno de Toledo y comienzos del de García y no al tambaleante fujimorismo de la crisis económica de fines de los noventa.

Por ello, el debate sobre el libro de Adrianzén viene a propósito de sus últimas líneas: el carácter de la transición, la coyuntura reformista de Paniagua —limitada temporalmente— y la esperanza —finalmente plasmada en “decepción”— con Toledo y su continuación del modelo fujimorista.

Adrianzén plantea su argumento claramente: la transición entendida como reformas político-institucionales ha demostrado sus limitaciones en los últimos años; se requería una transición que no solamente democratizara la actuación del Estado sino que cambiara las reglas de relacionamiento entre política, economía y sociedad. Si vemos el escenario andino, el Perú se ve inserto en una subregión donde las constituyentes han abordado el cambio institucional en todos los niveles (incluido el económico), generando procesos de retroalimentación entre los proyectos políticos impulsores de estas reformas y “el pueblo”. Con ello se ha logrado un escenario “óptimo” para Adrianzén: regímenes con un fuerte peso de lo social que, a la par, cuentan con importantes niveles de respaldo, volviéndose así verdaderamente gobernables. Por el contrario, el Perú se ha quedado rezagado en este camino, con una institucionalidad democrática impecable —precisamente por su carácter estrictamente formal— pero con una afección al régimen democrático mediocre.

En defensa del argumento de Adrianzén se podría señalar que, en efecto, nuestra transición no puede ser pensada desde la perspectiva de “construir el segundo piso” de lo avanzado por Fujimori (tal como fue el lema de Alejandro Toledo en la campaña del 2000). Volvamos al caso chileno: el presidente Lagos se despidió del Gobierno con alrededor del 70% de aprobación, construyendo sobre la base de la herencia pinochetista. ¿Con qué niveles de apoyo se están despidiendo los dos gobiernos post-Fujimori? Perú Posible a duras penas logró pasar la valla electoral; la reelección del Partido Aprista ni siquiera asoma por las encuestas de opinión recientes. ¿Hasta qué punto —por más que nuestra medida de comparación sea el Chile de Bachelet— seguimos pareciéndonos a la Bolivia de Sánchez de Losada o al Ecuador de Mahuad?

Paralelamente, Adrianzén plantea que el bloqueo del régimen democrático ya no devendría necesariamente en autoritarismos —como se temía en la década de los noventa—, sino en procesos de “cambio radical” muy similares a los escenarios boliviano y ecuatoriano. La pregunta que cabría hacerse es: ¿Un proceso de cambio radical no puede llevar precisamente a asumir formas autoritarias, bajo el pretexto de que las oposiciones velan intereses del “antiguo régimen” o defienden una noción anticuada de democracia?

Fecha: 01/03/2010