Ramón Pajuelo: "El país sin indígenas del señor Alan García"

Publicado en: Ideele Nº 196. Lima, IDL, diciembre de 2009.

Al momento de escribir estas líneas, los noticieros informan del enfrentamiento ocurrido entre comuneros y policías en la localidad de Huancabamba (Piura), con el trágico saldo de dos comuneros muertos. ¿Cuántas víctimas han dejado hasta ahora los conflictos protagonizados por poblaciones movilizadas en contra de la avalancha de empresas extractivas a lo largo y ancho del país? Nadie ha hecho aún el registro.

Después de la tragedia de Bagua de junio de este año, que, según cifras oficiales, terminó con 32 muertos entre nativos y policías, quedó claro que existe un gravísimo problema en la actual administración política del Perú: el presidente García se ha propuesto gobernar exclusivamente para el país que existe en su imaginación.

El modelo extractivista neoliberal impuesto autoritariamente en el Perú desde 1990 no ha requerido defensores privados durante el actual Gobierno aprista, porque el propio Presidente ha hecho el trabajo de los empresarios y funcionarios internacionales neoliberales. Para ello, García ha imaginado un país en el que no existe la necesidad de discutir el modo y el rumbo del crecimiento económico, porque todos —así de simple— tenemos que estar de acuerdo con la vigencia del modelo heredado del fujimorismo.

Pero resulta que el Perú no es ese país imaginario que puebla los sueños del Presidente. Y el 2009, desde Bagua hasta Huancabamba, muestra que está llegando a su límite la contradicción entre poblaciones afectadas por empresas extractivas y un Estado empeñado en defender a las empresas del país imaginario del Señor Presidente.

Lo que García ha eliminado de su imaginación es la existencia de un país bastante más complejo, socialmente fragmentado y diverso culturalmente. Un país en el que, de acuerdo con cifras censales, alrededor de 4 millones de personas hablan una lengua distinta del castellano. Un país en el cual existen poblaciones que organizan su existencia mediante instituciones comunitarias indígenas (aunque no todos los indígenas, tal como ocurre en las grandes ciudades). Estas comunidades andinas y amazónicas no son solamente una instancia jurídica frente al Estado, sino una forma de autoridad colectiva que regula el conjunto de la reproducción social de su población de acuerdo con principios y normas socialmente aceptados, y que además se sustenta en una identidad territorial comunitaria fuertemente arraigada.

La avalancha de empresas extractivas ha tocado el aspecto más sensible de la vida comunal: la defensa de los recursos territoriales colectivos. Se ha generalizado así un sentimiento de defensa de los recursos y del medio ambiente, ligado a la soberanía y legitimidad de las instituciones comunales. En distintos lugares del país, ante la amenaza que representan las empresas extractivas para la conservación de sus recursos, las poblaciones indígenas y campesinas movilizadas hacen saber que aspiran a otro modelo de desarrollo que los tome en cuenta. Sin embargo, el presidente García no ha tenido mejor opción que animalizar a quienes se oponen a la vigencia del modelo extractivista neoliberal, tildándolos de “perros del hortelano”.

Durante el 2009 ha continuado la invisibilidad, en el manejo estatal aprista, de las poblaciones campesinas e indígenas vistas como infraciudadanas. Mientras que a escala internacional se comienzan a ver los efectos de la Declaración Universal de Derechos Indígenas aprobada por la ONU, en el Perú del señor García el Estado prácticamente ha borrado cualquier rastro de política pública indígena. La errática apertura étnica dejada por el toledismo ha sido totalmente cancelada, enviando al INDEPA al ostracismo y la insignificancia, en medio de la maraña burocrática estatal.

Mientras tanto, en las comunidades y pueblos indígenas crecen el luto y la solidaridad ante los muertos, heridos y perseguidos en oposición a las empresas extractivas. Convertidos en auténticos héroes comunales, estas víctimas resultan invisibles para el resto del país, pero en las comunidades su sacrificio refuerza el sentido colectivo y cohesiona sus luchas, más aun porque no cuentan con representación política pública (organizaciones como Conacami y Aidesep son atacadas y ninguneadas por el Gobierno aprista, en tanto resultan rebasadas por los conflictos locales y se hallan envueltas en resolver sus problemas internos).

¿Cuántas veces tendrán que repetirse los sucesos de Bagua y Huancabamba para que el Estado considere la existencia de las comunidades y pueblos indígenas en el diseño de futuro del país? En lo que resta del Gobierno aprista, seguramente continuará la avanzada de las empresas extractivas, respaldadas por un Estado que gobierna apenas para el país que existe en la imaginación del señor García. Pero el país real tendrá que asumir de todas maneras, en un futuro ojalá no muy lejano, el reto de construir un Estado, una democracia y una ciudadanía capaces de articular el destino colectivo nacional con el reconocimiento de las diferencias socioculturales de sus poblaciones.

Fecha: 31/12/2009