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Investigadores en medios
Ni juez, ni parte: sobre el debate de la Ley Universitaria
07.06.2013

Por Ricardo Cuenca (*)

El dictamen de un nuevo proyecto de Ley Universitaria ha generado un debate necesario y esperado sobre el tema con algunos niveles de participación, considerando que somos una sociedad poco acostumbrada a la discusión pública. En esta intención participativa, el congresista Daniel Mora, presidente de la Comisión de Educación del Congreso, optó (tal como lo hizo con la Ley de Reforma Magisterial) por convocar a diversos actores vinculados con el tema de la educación superior y por procesar los 41 proyectos de ley presentados.

Como suele ser, el debate ha devenido en un campo de batalla de múltiples intereses que se encontrarían afectados por estas propuestas reformistas. Este tipo de debate-batalla ha postergado, también como ocurre frecuentemente, la confrontación de ideas y la reflexión de otras cuestiones de mayor importancia. Por ejemplo, ha quedado ausente la discusión sobre la pertinencia de concebir un sistema articulado de educación superior que permita integrar todos los estudios, grados y títulos de educación superior, en tiempos en donde 360 mil jóvenes (30%) estudian en instituciones técnicas. Esta es una carencia de la propuesta de ley.

Otro ejemplo es la insuficiente reflexión sobre los vínculos de la educación superior con el desarrollo nacional, en el sentido de relaciones con el mercado laboral, pero también con la investigación, la construcción del conocimiento, el desarrollo de ideas y, mejor aún, con la justicia social, en tiempos en donde la pobreza disminuye y la desigualdad persiste.

Pero volviendo al debate, la batalla se ha originado porque las universidades perciben que su autonomía estaría siendo vulnerada debido a la existencia de una institución vigilante y fiscalizadora. Contribuyo a la discusión sobre el tema con un conjunto de preguntas. ¿Es la noción de autonomía pertinente al contexto actual la misma que la enarbolada a inicios del siglo XX? ¿Tiene la autonomía vínculo con la calidad de los resultados? ¿Si el Estado no es el mejor “veedor” de calidad, de dónde proviene el aseguramiento de la calidad?, ¿del mercado?, ¿de la autorregulación de las instituciones?

La Asamblea Nacional de Rectores (ANR) fue creada para fines de coordinación distintos a aquellos que en la actualidad persigue, como producto de la liberalización de la creación de universidades en 1996. Ahora la ANR, en conversaciones con sus pares, decide sobre la calidad, la pertinencia y la eficacia de sus instituciones. Existe un punto de acuerdo, se requiere una institución que vele por esa calidad, pero la pregunta final es si esa institución debe ser juez y parte del proceso.

Recordemos que mientras tanto alrededor de 60 mil jóvenes titulados ingresarán el próximo año al mercado laboral en condiciones tan desiguales (muchas de ellas producidas por la calidad del servicio recibido) que para algunos de ellos haber pasado por la universidad, lamentablemente, no habrá significado nada.

(*) Investigador principal del IEP y miembro del Consejo Nacional de Educación.

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